El Gobierno de Pedro Sánchez quiere prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
El argumento es bonito… protegerlos del acoso, del odio, de la manipulación y de los algoritmos.
Y aclaro, el problema existe, nadie puede negar que las redes son un entorno agresivo, no son un lugar inocente para un menor. Con esto no hay ningún tipo de debate.
Pero cuando el poder empieza a hablar de prohibir, regular contenidos y responsabilizar a directivos por lo que se publica, es conveniente parar y pensar un poco.
Las redes hoy son una selva. Los menores se exponen a acoso constante, contenido sexual y violento, adicción al móvil, comparación permanente y ansiedad, perfiles falsos y estafas, etc.
Que el Estado quiera poner límites no es una locura. Proteger a los niños es una obligación, incluso los padres comparten este pensamiento. Igual que no dejas a un menor entrar solo en un bar o conducir un coche, tampoco es descabellado plantear límites en un entorno digital que está diseñado para enganchar.
El problema es que la solución no es tan inocente como parece porque… prohibir las redes implica verificación de edad, más control sobre los usuarios, más datos personales circulando, y sobre todo, alguien decidiendo qué es odio, qué es ilegal y qué se puede decir.
Aquí aparece la línea roja, aquí aparece la desconfianza. Hoy empieza protegiendo a los menores y mañana se amplía a control por el bien común. Siempre empieza así y ya conocemos la frase «es por tu bien».
Además tenemos que ser realistas, los menores se saltarán las prohibiciones, los padres seguirán sin herramientas reales y el Estado ganará más poder sobre el espacio digital.
Aquí se plantea el verdadero debate porque la pregunta no es si hay que proteger a los menores, eso es evidente. Las preguntas son: ¿prohibir educa?, ¿controlar soluciona?, ¿se están usando a los menores como mera excusa para vigilar más lo que se dice en redes? Porque una cosa es cuidar y otra muy distinta ordenar el relato.
El gobierno habla de obligar a las plataformas a verificar la edad, exigir más responsabilidad legal a las empresas y frenar el uso abusivo de datos personales. Pero es que prohibir redes sociales no es tan sencillo como parece… ¿Qué pasa si los sistemas fallan o se saltan como siempre ocurre?, ¿cómo se verifica la edad sin pedir más datos personales?, ¿quién controla esos datos?
Mi conclusión es clara, los menores necesitan protección, sí… pero las prohibiciones generales, el control de los contenidos y el aumento del poder del Estado no son medidas neutras. Si la medida tiene límites claros y protección real, adelante, estamos de acuerdo y será bienvenida. Si termina siendo una excusa para controlar redes, contenidos y discurso, entonces no estamos hablando de menores, sino de poder. Y cuando el poder se amplía es necesario mirar de cerca y no aplaudir con las orejas ni a ciegas.
